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Tensiones compartidas

Los proyectos de regulación de medios presentados en la región rompen con un escenario marcado por la connivencia entre gobiernos y conglomerados.

“Ahora no corre más el dedo del político de turno”. Tal fue la afirmación que arrojó Lucía Topolansky cuando desde una radio argentina le preguntaban por la Ley de Medios Audiovisuales de nuestro país. La senadora uruguaya no dio vueltas al asunto, y al referirse a la situación que se está abriendo en Uruguay concluyó: “Los medios de prensa son un poder. Sabemos que en todo el continente les han hecho la guerra a gobiernos progresistas”. La frase sirve para retratar un clima de época, marcado por un debate que no sólo tiene lugar en estas latitudes. Con mayor o menor énfasis, se plantean enormes desafíos en la arquitectura mediática de América del Sur. Desde gobiernos que buscan reformar el marco regulatorio, arriesgando en algunos casos un nuevo régimen de propiedad, hasta aquellos que -impedidos por un conjunto de intereses corporativos- ponen en juego otras alternativas como la legalidad de los medios comunitarios, lo cierto es que los propietarios de los grandes conglomerados se enfrentan con un cambio en las reglas de juego aparejado a las tensiones que plantean las posibilidades de una reconfiguración en las relaciones de poder.

Uno de los que más vienen dando batalla ha sido el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que mantiene ciertas similitudes con la norma argentina. Su iniciativa plantea una división del espectro radioeléctrico entre los medios públicos, a los que se les adjudica el 33 por ciento de las frecuencias, los medios privados, con igual participación, y los medios comunitarios, que pasarían a obtener un 34 por ciento. Sin embargo, el texto carece de algunas precisiones con respecto a la administración de las licencias y plantea una regulación sobre los contenidos, lo que ha servido a la oposición como argumento para frenar su aprobación. Es así como tras cinco años de debate todo parece indicar que la reforma no avanzará por el momento. No obstante, la iniciativa sirvió para darle visibilidad al tema en un país caracterizado por un mercado infocomunicacional poco desarrollado, con un amplio nivel de concentración.

Para Guillermo Mastrini, docente e investigador de la UBA y la Universidad de Quilmes, especialista en Derecho a la Información, que se plantee la discusión ya constituye un hecho auspicioso: “En la región hay un cambio muy importante en cuanto a la visibilidad del tema. El asunto de las políticas de comunicación ha pasado a estar en la agenda de todos los países. El problema de los medios, su regulación, su economía, pasó a instalarse en general en todas las sociedades. Por otro lado, tenemos el caso de algunas nuevas regulaciones. Ahora bien, en lo que se refiere a la estructura del mercado, en términos generales, el panorama sigue siendo el mismo”.

Al respecto, resulta importante no perder de vista las características que presenta el mapa de medios en la región para entender los alcances que supone el debate así como también los límites a los que se enfrenta. De esta forma, si bien el desarrollo tecnológico aumentó los niveles de acceso, América Latina aún registra porcentajes muy bajos con una amplia desigualdad geográfica. En segundo lugar, y muy vinculado al fenómeno anterior, la producción de contenidos también continúa muy centralizada en los principales centros urbanos. Mientras que en lo que se refiere al régimen de propiedad, el nivel de concentración registrado aún es distintivo. Un estudio realizado en 2004 por Mastrini y Martín Becerra, publicado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPyS), revela que las cuatro principales empresas en cada industria de la cultura y la información controlan, en promedio, el 80 por ciento de sus mercados.

La configuración de este escenario, en parte, se explica por el papel que han jugado los Estados frente a los grandes monopolios de prensa. Casi todos los países de América Latina han estado marcados por gobiernos que a lo largo de su historia, lejos de enfrentarse a estos grupos, aceptaron un rol subordinado y, en algunos casos, constituyeron verdaderas sociedades bajo una sinergia que sólo contribuyó a aumentar el capital de los grandes medios para imponer sus propias reglas. Este hecho explica no sólo la respuesta corporativa con la que hoy se encuentran quienes buscan romper con ese statu quo, sino también cómo en la mayoría de los casos esos conglomerados mediáticos asumen una investidura política pasando a ejercer un rol protagónico como actores de la oposición.

El caso más emblemático es el de Venezuela. En mayo de 2007, Hugo Chávez no renovó la licencia del grupo Radio Caracas Televisión (RCTV) cuyo director, Marcel Granier, ha sabido consolidarse como uno de los principales opositores al gobierno. La decisión se fundó en la actuación que tuvo la cadena durante el golpe de 2002. De hecho, el papel que tuvieron los medios en ese entonces motivó la sanción de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, aprobada por la Asamblea Nacional durante el 2004. Más conocida como “Ley Resorte”, la norma -al igual que el proyecto de Ecuador- plantea una regulación sobre la “calidad” de la información provocando la crítica de diversos actores, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que manifestó su preocupación por la redacción “vaga e imprecisa” de varias de sus disposiciones.

En este contexto, la orientación y el alcance de los nuevos marcos regulatorios se vuelven un punto clave a la hora de debatir las iniciativas legislativas, así como el rol que el Estado debe asumir en estos procesos. ¿Constituyen estas reformas un intento por parte de los gobiernos de consolidar su hegemonía, como sostienen las tesis liberales? ¿O se trata de recuperar el lugar de un actor clave? En todo caso, ¿cuáles son los dispositivos institucionales que pueden garantizar un mayor equilibrio democrático? Para Mastrini, existen diversas diferencias entre la ley argentina y la venezolana. No obstante, ambas coinciden en “haber roto modelos tradicionales de regulación estatal, planteando una alternativa por fuera de la lógica mercado-céntrica”.

Ahora bien, la presencia por parte del Estado asume diversas formas, desde aquéllas más plausibles, como el desarrollo de medios públicos, hasta otras más objetables, como el control de contenidos. Lo cierto es que la introducción (o el reingreso) de nuevos actores en el ecosistema mediático constituye un factor importante en el proceso de democratización de las comunicaciones. Al respecto, un punto central de las legislaciones que se debaten actualmente es la división del espectro radioeléctrico en porciones iguales para el sector privado, el público y la sociedad civil encarnada en los medios comunitarios. Además de Ecuador y la Argentina, Venezuela busca incluir este criterio con la sanción de una ley de medios comunitarios. El proyecto, ingresado al Parlamento en julio tras un proceso de consulta popular, busca mejorar la regulación jurídica de la comunicación comunitaria fomentando, entre otras cuestiones, la autosustentabilidad del sector al permitirle el uso de publicidad como forma de financiamiento.

La medida ya había sido incluida en Uruguay con la Ley de Servicios de Radiodifusión Comunitaria, aprobada a fines de 2007 y aplaudida desde diversos sectores en tanto además otorgaba a las emisoras comunitarias un tercio de las frecuencias sin límites de potencia o cobertura geográfica. Sin embargo, expone también dos de los grandes problemas que enmarcan estos procesos. Por un lado, para algunos constituye una respuesta tenue ante la imposibilidad de encarar una reforma profunda en el sistema de medios debido al acoso de intereses corporativos. Algo similar ocurre en Brasil. Tanto Lula como Dilma Rousseff han expresado públicamente en diversas ocasiones su intención de avanzar hacia una descentralización del mapa de medios. Sin embargo, hasta ahora fueron pocas las señales en esa dirección. La última fue una ley sancionada el año pasado para regular la actividad de la televisión por cable. Si bien desde las filas del PT la defendieron en tanto establece una cuota de contenido nacional y estimula la competencia al abrir la entrada de empresas extranjeras al mercado, otra lectura advierte sobre la inclusión de las telefónicas en el sector bajo el juego del triple play. “Todo lleva a creer que Telmex, Telefónica y la News Corporation del magnate Rupert Murdoch controlarán el mercado, las estrategias de programación y la distribución de contenidos. En síntesis, el círculo vicioso de la concentración va a ser fortalecido”, sostiene Denis de Moraes, doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro, ante la consulta de esta revista. En su opinión, “el incremento de la producción audiovisual independiente, previsto en la legislación y muy celebrado por el oficialismo, sólo asegura tres horas y media de películas nacionales por semana, en horarios determinados y a criterio de las operadoras de los paquetes. Para peor, los canales comunitarios fueron excluidos, lo que significa la prevalencia de los intereses mercantiles sobre la diversidad cultural”.

En efecto, la inclusión y el reconocimiento formal de las organizaciones civiles constituyen uno de los grandes avances promovidos por las otras legislaciones. La cuestión viene aparejada por la pregunta en torno a la sustentabilidad del sector, lo que conduce a otra pregunta. ¿Puede la ley garantizar por sí sola un cambio, o requiere de reformas estructurales que conduzcan su implementación y garanticen su efectividad? Según Mastrini, “la ley es sólo un comienzo. Los cambios regulatorios no tienen la capacidad de generar una estructura de medios distinta. La ley es el piso de una política. No es el punto de llegada, es el punto de partida”. En este sentido, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se erige como un antecedente fundamental en la región, pero sólo constituye el prólogo de un proceso que asoma extenso y cargado de tensiones.

 

Carolina Keve

Revista Debate
www.revistadebate.com.ar/2012/11/23/5845.php

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Acerca de emartinchuk

Periodista, MP 10166. Se desempeño en el área de Noticias de los canales 9, Teledos, 7 y TELEFE. Socio Fundador de la Asociación Iberamericana de Periodistas Especializados y Técnicos (AIPET) Capítulo Argentino. Fue Docente en la Cátedra de TV en la Universidad del Salvador. Fue Coordinador en el Servicio Iberamericano de Noticias con sede en Madrid,(RTVE) España. Editor del Capítulo Argentino para la Cadena Eco de México. Fue Docente, Rector en la Escuela de Periodismo Círculo de la Prensa. Edito los libros "Federalización de la información" (1995), ISBN 9508130466 "Televisión para Periodistas: un enfoque práctico".1ra Edición 2002 ISBN 9871004125 2da Edición 2007 ISBN: 9789871004126 Documentales: "Los Quilmes: la última Resistencia".(1995) http://youtu.be/Z-XWOnIHZio Idea y Producción: "Luz, cámara, red" (1996-97) http://youtu.be/PfNrBokU6m4 Colaborador en medios argentinos y del exterior sobre temas de comunicación. Editor en Noticongreso.wordpress.com, Periodismo Parlamentario en temas de Ciencia, Tecnología, Salud, Ambiente y Energía. Designado “Directivo Decano de Honor y Dignidad”, en el grado de “Magister Laudet” por la Asociación de Rectores de la República Argentina y la Asociación de Directivos Argentinos al cumplir 30 años en la docencia. Por Resolución 327-2014 la Honorable Academia Mundial de Educación ha instituído el Título Honorífico de Doctor Honoris Causa, reconociendo sus logros profesionales y su admirable trayectoria de trabajo en favor de la Educación Mundial. Como parte de la socialización del conocimiento pueden leer en cualquier sistema digital o imprimir gratis los siguientes E-Books Belgrano: Una mente brillante http://issuu.com/gaceta21/docs/belgrano/0 ISBN 9789873356087 Como Estudiar: Manual Práctico http://issuu.com/gaceta21/docs/comoestudiar ISBN 9789873348679 Ser Periodista http://issuu.com/gaceta21/docs/ser_periodista ISBN 978-987-33-7147-9

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